El Gobierno podrá imponer multas de entre medio millón y un millón de euros a los operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales que incurran en infracciones muy graves en materia de ciberseguridad.
Por vez primera se contempla la imposición de sanciones por incumplir las normas de ciberseguridad a los operadores críticos (energía, agua, transporte, salud, banca, etc) y a los proveedores de servicios digitales (buscadores, comercio electrónico, computación en nube, etc), pero deja en manos de los Estados la tipificación de las faltas y el importe de las sanciones.
Aunque la mayoría de las empresas denuncian ya los ciberataques de los que son víctimas, algunas los ocultan por temor a ver dañada su imagen o tener que indemnizar a los clientes afectados. La futura ley no solo sanciona estas conductas, sino que protege a los empleados o subcontratistas que denuncien estos hechos
A los proveedores de servicios esenciales la Administración podrá requerirles información sobre la aplicación efectiva de su política de seguridad, así como auditarles o exigirles que se sometan a una auditoría. En cambio, por parte de los proveedores de servicios digitales “solo inspeccionará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley cuando tenga noticia de algún incumplimiento por petición razonada de otros órganos o denuncia.
En aplicación de la directiva europea, la ley crea un “punto de contacto único” para comunicar incidentes con otros países de la UE, que será Consejo de Seguridad Nacional, y mantiene los actuales CERT (Equipo de Respuesta de Emergencia Cibernética), que pasan a denominarse CIRT: el Centro Criptológico Nacional (CCN), para la Administración Pública; el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), para las empresas privadas; y el Mando Conjunto de Ciberdefensa, para las Fuerzas Armadas.
Via: El país